Por: Heraclio Castillo Velázquez
Zacatecas es la sexta entidad con mayor proporción de personal empleado en la administración pública municipal. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, elaborado por el INEGI durante del 2016, en Zacatecas se tiene una tasa de 1 mil 111 burócratas por cada 100 mil habitantes, una proporción mayor al promedio nacional de 828 trabajadores.
Estos datos contrastan con la tasa en entidades como Nuevo León o el Estado de México, que aunque tienen un mayor número de población que Zacatecas, también tienen una menor proporción de personal empleado en la administración pública incluso por debajo del promedio nacional.
Tal vez uno de los méritos sea que Zacatecas se ubique entre las entidades con mayor participación porcentual de mujeres en cargos de los ayuntamientos, pues se encuentra en un rango superior al 45 por ciento.
Los resultados del censo también muestran que en Zacatecas únicamente el 4.1% del personal de las administraciones públicas municipales acreditó capacitación en materia anticorrupción; sin embargo, a pesar de la baja proporción, es la sexta entidad en el país con una mayor tasa de personal acreditado, aunque sobresale con una mayor proporción de mujeres capacitadas en el tema.
Al respecto, el INEGI precisa que tres de cada cuatro (77.3%) administraciones públicas municipales y delegacionales del país no cuentan con un plan o programa anticorrupción; uno de cada 10 (9.6%) apenas está en proceso de integrarlo y solo un 6.% dispone de él.
Asimismo, en materia de seguridad pública, los resultados del censo muestran que Zacatecas es la cuarta entidad con menor proporción de personas en funciones de seguridad pública en los municipios, con apenas el 0.8%, con niveles cercanos a entidades como Tamaulipas (0.5%) y Colima (0.7%), caracterizadas por tener los índices delictivos más altos del país.
Los resultados del censo también arrojaron que durante 2016 se registraron 4 millones 694 mil 562 intervenciones de la policía municipal: el 48.4% por presuntas infracciones, 7.5% por presuntos delitos del fuero común y 0.4% por presuntos delitos del fuero federal.
En ese sentido, de los 353 mil 554 presuntos delitos del fuero común, 57.3% fueron contra el patrimonio, entre los que se incluyen: robo, sustracción de hidrocarburos, fraude, abuso de confianza, extorsión, daño a la propiedad, y despojo, entre otros.
Respecto a los 18 mil 331 presuntos delitos del fuero federal, 58.5% fueron contra la seguridad pública y la seguridad del Estado. Entre ellos se incluyen los delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo, contra la salud relacionados con narcóticos, evasión de presos; en materia de armas y objetos prohibidos, cometidos por miembros de la delincuencia organizada, y en materia de armas de fuego, explosivos y otros materiales destructivos, entre otros.
También se atendieron 2 millones 175 mil 46 procedimientos administrativos iniciados por los jueces cívicos u oficiales calificadores. En ellos se registraron 2 millones 208 mil 300 infracciones, la mayoría por consumo y/o suministro de sustancias que alteran la salud y estado físico de las personas y sus repercusiones con 45.2%, desorden en la convivencia social con 20.1%, mientras que alteración del orden público presentó 14.5 por ciento.
