ZACATECAS: DONDE REINA LA IMPUNIDAD

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Texto: Lucía Medina Suárez del Real

Fotografía: Francisco Zapta

Gráficos: Alejandro Varela

Mientras refugiaba la cabeza entre sus brazos con el cuerpo encorvado sobre ese suelo hediondo y recibía una, dos, tres patadas por segundo, Alejandro García sólo pensaba que de esa no saldría vivo, y que ninguno de sus secuestradores pagaría siquiera por ello.

Se equivocó a medias. Sobrevivió, pero en efecto, ninguno de aquellos hombres que entraron hasta su restaurante y se lo llevaron a punta de pistola pisó alguna vez una cárcel. No al menos por su caso. Ese fue el precio de su vida y de su libertad.

Su caso no es la excepción sino más bien la regla. De 2008  a 2017 solo 1.6 de cada 10 delitos de alto impacto como homicidio doloso, secuestro y violación, denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) han resultado con sentencia condenatoria de acuerdo con información de Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Pero Alejandro ni siquiera puede contarse en esa estadística que reflejaría un índice de impunidad de 84%, porque el suyo, como otros tantos casos, no llegó siquiera a denuncia. ¿Para qué correr el riesgo si sólo tenía 16 probabilidades entre 100, de ver a sus captores tras las rejas?

Las pocas víctimas que sí interpusieron denuncia, o cuyos casos fueron de conocimiento obligado para las autoridades por cómo ocurrieron los hechos, no tienen mejor suerte. Según la tasa de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (consultable en la página digital de la FGJEZ) en nueve años (2008-2017) en Zacatecas se han denunciado 2 mil 88 homicidios dolosos, sólo en 250 de ellos hubo sentencia condenatoria; de 283 secuestros, 169 terminaron con encarcelamiento; y de las mil 524 violaciones denunciadas, sólo 229 fueron castigadas.

Y a todas esas carpetas amarillas que encierran llantos y vidas destrozadas se agregan cada día más.

Mientras en 2015 se reportaron 232 homicidios dolosos, el 2017 cerró con 551 casos. El secuestro casi se cuadruplica, pues de 18 que se registraron en 2015, pasamos a 67 apenas dos años después.

Sin esperanza alguna de justicia, para Alejandro es fácilmente entendible que la gente viva con miedo y sea presa fácil de quienes hacen de él, un negocio. Y no se equivoca, cada vez son más y más. De 2018 a 2017 se denunciaron 681 extorsiones en la entidad, y los últimos tres años son los de mayor incidencia, pues de 91 registradas en 2015, pasaron a 188 en 2017.

Si en todos estos delitos crecen las denuncias, ¿significará esto que cada vez hay más confianza para avisar a las autoridades? ¿O será más bien que los tentáculos de la inseguridad tocan cada vez a más personas?

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, publicada el 25 de septiembre de este año, en 2017, sólo el 7.5% de los delitos ocurridos en Zacatecas fueron denunciados, menos aún que el año anterior (10.4% en 2016). De estas denuncias, en 73.7% de los casos se abrió una averiguación previa o una carpeta de investigación. Esto significa que sólo 5.5% de los delitos ocurridos fueron investigados.

Y de ese ya de por sí pequeño universo de casos que llegan hasta los escritorios de la burocracia, sólo 11.9% de los homicidios dolosos llegan a sentencia; el 3.8% de las extorsiones, y el 15% de las violaciones.

Si acaso la cifra más optimista está en los secuestros, donde el 59% de los denuncias terminan en sentencia.

Víctimas en el mar del olvido

Ciudadanos que no denuncian, policías que no reaccionan, ministeriales que no arrestan, jueces que no condenan. Como todo fracaso, el de la justicia también es huérfano.

El 98% de los juicios orales ha terminado en sentencia condenatoria. El 75% de ellos ha sido sobre delitos de alto impacto como secuestro, homicidio y violación. Pero éstas son las cifras de los apenas 273 juicios orales que ha habido en Zacatecas de 2009 a la fecha, según informó en entrevista Francisco Murillo Ruíseco, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Optimista, destacó también que en seis años (de 2009 a 2015) concluyeron 4 mil 324 juicios, pero en los últimos 32 meses ya se han judicializado 5 mil 666 causas; es decir cerca de mil 200 casos más en la mitad de tiempo.

Murillo Ruiseco expuso también que en cuanto a los homicidios dolosos, durante 2017 y 2018  la fiscalía ha logrado sentencias con reparación del daño para víctimas que en conjunto representan casi 18 millones, cifra que se diluye cuando lo contrastamos con los 908.9 millones de pesos que gastan los hogares en Zacatecas para prevenir la inseguridad (ENVIPE 2018).

En materia de secuestro, en los últimos dos años se han desarticulado 21 bandas y se han hecho 147 detenciones, aunque menos de la mitad (64) han terminado sentenciados, Se ha logrado la liberación de 49 víctimas

Eso sí, los que han caído han conocido el rigor de la ley, pues según expuso el fiscal, en estos dos años se han logrado mil 117 años de penas acumuladas por secuestro; en tanto que los 69 presuntos delincuentes que han sido detenidos por homicidio enfrentan cada uno hasta cinco carpetas de investigación.

Más penas, más severidad ha sido la política para combatir el secuestro, pero aunque la condena ya puede llegar hasta los 140 años de prisión, las autoridades reconocen que esto no ha logrado inhibir este delito que antes se consideraba mal de ricos, pero que ahora padecen en todas las clases sociales.

Sin salida

“¿Dónde estamos fallando?, no como institución en materia de procuración de justicia, sino como gobierno, como sociedad, tenemos que hacer una profunda reflexión de realmente qué es lo que está pasando”, cuestionó el fiscal.

En lo que a su parte toca, Murillo Ruiseco explica que la Policía Ministerial o de investigación está integrada por 422 elementos, de los cuales 47, poco más del 10%, tienen certificado único policial.

Admitió que “en general hay una sobrecarga” de trabajo, pero dijo que está haciendo una reorganización para dar resultados más rápidos.

“No es necesario tener una policía obesa, de 2 mil, 3 mil o 4 mil elementos, más bien se necesita racionalizar y eficientar el trabajo para cubrir las necesidades de la ciudanía en materia de investigación”, explicó el fiscal.

Agotada esa parte del engranaje, toca el turno del Poder Judicial. En Zacatecas, su máxima autoridad en la materia, Armando Ávalos, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, coincide en que mayores penas no se han traducido en menor incidencia delictiva.

Precisó que la autoridad que tiene a su cargo la investigación de los delitos es la fiscalía, por lo que a su ámbito únicamente corresponde trabajar a partir de lo que el Ministerio Público (MP) por un lado, y la parte defensora por el otro, tienen para exponer.

Aclaró que en delitos graves como los ya citados, no existen acuerdo preparatorios ni suspensión de proceso, pero sí se pueden aplicar procedimientos abreviados en los que el MP tiene la facultad de  ofrecerle al acusado la posibilidad de no llegar a juicio oral, a cambio de que se someta a dicho procedimiento, que será más breve y en el cual puede acceder a penas menores.

Junto a esta situación de impunidad e inseguridad, se padece la violencia, definida por la Organización Mundial de la Salud en el 2002 como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona, o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” según explica Cristina Recéndez, docente de la Unidad académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

La académica destacó que en México la violencia comenzó a aparecer en la década de 1990, luego de un cambio en la política económica del país que trajo como consecuencia hambre y pobreza por el abandono de la política social.

Asimismo, Recéndez destacó que este escenario coincidió con el trasiego de drogas de cárteles principalmente  colombianos que vieron en México una puerta de entrada hacia los Estados Unidos, propiciando el nacimiento de una serie de organizaciones delincuenciales que empezaron a cooptar a los jóvenes afectado por la pobreza que prevalece en México.

En ello coincide el fiscal Francisco Murillo: “Zacatecas no está en medio de un desierto, Zacatecas, forma parte de una república y la problemática la tenemos en muchas regiones; desafortunadamente Zacatecas está estratégicamente en medio de la república y tenemos circunstancias muy peculiares  que hace atractivo el tránsito, el paso, además  del asentamiento de ciertos grupos delictivos que empiezan a generar daño a la sociedad, no solamente en el tema de delincuencia organizada, sino en delitos como el robo.”

Es posible que tengan razón, a nivel nacional hay 29 mil 746 víctimas por cada cien mil habitantes. La cifra en Zacatecas es 24 mil 958 (ENVIPE 2017) por cada cien mil habitantes. Estar apenas por debajo de la media nacional es el consuelo que queda en el reino de la impunidad y la injusticia.