Por Selene Lamas

Hasta 40 años tiene parte del territorio zacatecano en espera de que las empresas mineras reparen el daño ecológico que su operación provocó.

Es el caso de la Minera Rosicler en Mazapil, Zacatecas, la cual  extrajo mercurio hasta 1979, pero que desde entonces permanece en espera de remediación.

Esa situación se repite en varias de las zonas mineras del estado, llegando a más de 15 millones de metros cuadrados de suelo la porción de territorio con daños ecológicos.

La afectación de estos 12 pasivos ambientales mineros, abarcan los municipios de Mazapil, Concepción del Oro, Noria de Ángeles, Melchor Ocampo, Zacatecas, Vetagrande, Morelos, y Sombrerete.

Estas emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población y los  ecosistemas derivando en padecimientos como diferentes tipos de cáncer, enfermedades en la piel, enfermedades respiratorias, entre otras.

Quizá el caso más emblemático está en el municipio Noria de Ángeles, donde la minera Real de Ángeles dejó más de 400 hectáreas contaminadas por los jales que se produjeron por el beneficio de minerales de 1982 a 1998.

De acuerdo con información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la fecha no se ha realizado remediación alguna del área, por lo que en septiembre de 2017 se interpuso una demanda penal contra la empresa por el incumplimiento de medidas y por la falta de remedición del lugar.

La compañía respondió con un juicio de nulidad del cual la dependencia federal no da más detalles.

Otro de estos pasivos ambientales es el de la Minera Aranzazu Holding en Concepción del Oro, que en 2015 declaró un cierre “temporal” (que ya va para cuatro años) dejando a 350 personas en el desempleo y cinco presas de jales, en las que a la fecha no ha realizado remediación alguna, pese a que se le ha impuesto una multa de 477 mil pesos por generar contaminación en suelos  y aire.

En Melchor Ocampo se encuentra el pasivo ambiental de la Minera Noche Buena que dejó de operar en 1991 y que heredó 900 mil toneladas de jales sobre los cuales tampoco se ha realizado ningún tratamiento. De acuerdo con la Profepa sobre esta minera pesan una demanda penal y una multa de 423 mil pesos.

Otro pasivo le pertenece e la Minera  La Negra, con una presa de jales de 7 mil 920 toneladas que no ha sido atendida desde sus cierre en 1991 y sobre la cual la Profepa admite que no ha realizado ninguna visita.

Muy cerca de la capital del estado, en el municipio de Vetagrande, la Minera San Acacio también conserva un pasivo de 786 mil toneladas de jales, también desde 1991 sin remediación alguna. 

En las entrañas del pueblo mágico de Sombrerete, también aguarda por la remediación una presa con un millón 122 mil toneladas  de jales de la Minera Mexicana Sombrerete, S.A de C.V Unidad Tocayos, que actualmente es propiedad de la empresa Exploraciones Mineras Parreñas y que tiene en proceso una multa de 237 mil pesos.

Otros dos de los pasivos dados a conocer por la Profepa son propiedad del Gobierno del Estado. Se trata de la mina El Bote en Zacatecas y del pasivo La Pimienta en Morelos. En ninguno de los dos se ha realizado remediación. Cabe aclarar que el segundo está contaminado por jales que el agua arrastró de otra mina.

Sin remediación también permanecen los pasivos de Minera del Pacifico y Solidaridad Minera en el municipio de Zacatecas. La primera con 196 mil 500 toneladas de jales en espera de tratamiento  y la segunda con 2 millones 6 20 mil toneladas de desechos en la misma situación.

Solidaridad Minera es propiedad de la Compañía Cordilleras y de Minera del Pacifico se desconoce el actual propietario.

La única con tratamiento

Del total de pasivos ambientales mineros ubicados en el estado, el único que recibe tratamiento es el de la Minera La Chiripa, propiedad de Capstone Gold, ubicada en los municipios de Morelos y Zacatecas. Hasta hoy se han invertido más de 6 millones de pesos en la remediación de dos presas de jales.

¿Qué dice la ley?

La remediación de sitios contaminados, entendida como el conjunto de medidas al  que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente, está indicada en el capítulo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos creada en 2003.

Establece que quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así como de los daños a la salud como consecuencia de esta, estarán obligados a reparar el daño causado conforme a las disposiciones legales correspondientes.

Además, se asienta que en el caso de sitios contaminados abandonados con residuos peligrosos o que se desconozca el propietario o poseedor del inmuebles, la Semarnat, en coordinación con los estados y los municipios, podrán formular y ejecutar programas  de remediación, lo cual no ha ocurrido con o pasivos localizados en Zacatecas.