Por Heraclio Castillo
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), actualmente hay en México unos 55.3 millones de personas en situación de pobreza y aunque existen más de mil programas sociales para abatir este indicador, no son pocos los estudios que se han dedicado a demostrar que la política de desarrollo social carece de fundamentos cuando su objetivo fundamental es la obtención de respaldo político en cada elección.
Un ejemplo reciente es la estrategia denominada Cruzada Nacional Contra el Hambre, que en Zacatecas en su primera etapa abarcó a los municipios de Fresnillo y Pinos, aunque medios locales en su momento ya dieron cuenta de que se benefició a comunidades que no presentaban un alto grado de marginación o pobreza, sino que tenían mayor concentración poblacional, a tal grado que personas que ya contaban con una casa con piso y techo firme fueron beneficiadas con este tipo de apoyos, entre otros de los que constaba esta estrategia, y se dejó en el olvido a quien ni siquiera tenía acceso a los servicios básicos (hay comunidades enteras donde todavía usan letrinas).
Sin embargo, esta circunstancia tiene un origen más añejo, como lo demuestran numerosos testimonios de quienes en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo recibieron diferentes apoyos que atendían precisamente sus carencias. Tan solo en el tema alimentario, no se trataba de una magra despensa como las que se reparten en la actualidad, sino que tenía productos suficientes para atender a una familia de cinco miembros durante un mes. Llegaron Felipe Calderón y Vicente Fox y terminaron con este tipo de programas.
Con el tiempo la dinámica ha adquirido otro nivel aún más problemático, pues bajo este sistema ser pobre resulta más rentable que salir de la pobreza. ¿Cuántas veces hemos visto a agrupaciones sociales marchando o tomando oficinas de gobierno para exigir ser incluidos en sus programas? De una dependencia logran apoyos para vivienda, en otra becas de estudio, en una más reciben despensas, en otras tantas apoyos para el campo, útiles escolares, lentes, obras de infraestructura hidráulica, educativa y vial, entre otros tantos apoyos que impiden beneficiar a quien en su vida ha recibido un solo estímulo.
Por todo lo anterior considero de gran relevancia la iniciativa para impulsar el denominado Padrón Único de Beneficiarios, que permitirá implementar un sistema donde se registre en una base de datos a cada beneficiario de cada programa de gobierno, desde el federal, estatal y municipal, hasta los apoyos que se otorgan desde el Poder Legislativo, ya sea en el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado o mediante los regidores en los municipios.
En teoría, este sistema evitará la duplicidad de apoyos y, en cambio, diversificará el número de beneficiarios para que efectivamente los programas lleguen a quien más lo necesita. El único problema es que aquellos grupos acostumbrados a vivir a costa de los programas de gobierno alzarán la voz porque se acabará su minita de oro y no pocos líderes sociales se quedarán sin el respaldo de quienes marchaban un día sí y otro también para exigir apoyos a diestra y siniestra.
Con el próximo arranque del proceso electoral 2017-2018, quizás sea buen momento para implementar este Padrón Único de Beneficiarios y generar entre la ciudadanía mayor credibilidad hacia las instituciones. Recursos hay suficientes para abatir la pobreza en México. El reto es aplicarlos de forma que incidan en la realidad en las principales carencias de la gente. Si escuchas el llanto de un niño que tiene hambre, no le das una paleta para que se calle, ¿o sí?
