Se trata del exalcalde de El Salvador y del tesorero de García de la Cadena
Por Lucía Medina
Un juez de control de la entidad otorgó dos órdenes de aprehensión contra el exalcalde de El Salvador y contra el tesorero de Trinidad de García de la Cadena, informó el fiscal especializado en el Combate a la Corrupción, Salvador Eduardo Villa Almaraz.
Además, destacó que está en proceso la emisión de otra orden de captura contra un exfuncionario del municipio de Miguel Auza.
Puntualizó que dichas órdenes de aprehensión se deben a que los involucrados no han atendido los llamados de la justicia, luego de que fueran vinculados a proceso.
El fiscal explicó que estás órdenes derivan de las carpetas de investigación que se abrieron a petición de las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), por irregularidades en los ejercicios municipales emanadas de las cuentas públicas o por la no presentación de éstas.
Precisó que las investigaciones se llevan tiempo, ya que hay que solicitar información, por ejemplo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se tarda de 3 a 6 meses en responder, así como con otras dependencias de gobierno.
Precisó que en caso del exalcalde el delito que se persigue es la no presentación de la cuenta pública, lo que ocasiona que no exista documentación alguna que soporte el ejercicio de los recursos que se le otorgaron al municipio.
El en caso del tesorero es por la no presentación de la cuenta pública y por una obra que no fue ejecutada a debidamente.
El fiscal agregó que en total se han abierto 35 carpetas de investigación contra funcionarios y exfuncionarios municipales por denuncias interpuestas por la ASE del 2015 a la fecha, además de que están por presentarse otras 10.
Poderes Ejecutivo y Judicial, sin denuncias
Villa Almaraz destacó que a la fecha, en el fiscalía que preside no se han interpuesto denuncias contra funcionarios o exfuncionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial.
Destacó que solo tiene conocimiento de que se han impuesto sanciones administrativas, como inhabilitaciones, sin embargo, las autoridades competentes no consideraron que las irregularidades perpetradas pudieran ser acreedoras de sanciones penales.
Apunto, que a la fecha la fiscalía a su cargo trabaja en alrededor de 229 carpetas de investigación de las cuales, alrededor del 40% han sido presentadas por ciudadanos por motivos como abuso de autoridad.
Adelantó que es posible que dichas denuncias solo sean constitutivas de faltas administrativas, por lo que no son la instancia facultada para sancionar, ya que ellos solo se encargan de los procesos derivados de una conducta delictuosa de tipo penal.
Asimismo, aclaró que la fiscalía solo es la encargada de investigar y presentar los expedientes ante un juez de control, que es a quien le corresponde, en caso de encontrar elementos, dictar sentencias.
De dos, el acto de corrupción
Por otro lado, destacó que a la fecha se tiene una carpeta de investigación contra un ciudadano, particularmente contra un contratista.
Por ello, destacó que en este caso, la sanción será tanto para el servidor público como para el contratista, ya que actualmente la ley alcanza a los ciudadanos involucrados en corrupción.
