Exalcalde y extesorero de Trancoso son vinculados a proceso


Se presume que causaron daños al erario por 133 mdp

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Redacción

El expresidente de Trancoso y el ex tesorero municipal que gestionaron el municipio de 2013 al 2016, fueron vinculados a proceso por presuntamente haber violado la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso donde la Auditoria Superior del Estado (ASE) a través del Ministerio Público interpuso la denuncia por abuso de autoridad y acciones en contra de la Ley General de Contabilidad.

Sin embargo, de las dos acusaciones, el juez Maximiliano Villavicencio Salinas, únicamente encontró hechos suficientes para vincular a los exfuncionarios municipales por violentar la Ley de Contabilidad.

Esto debido a que el exalcalde y el extesorero no entregaron a la ASE la cuenta pública 2014 y tampoco realizaron los informes financieros mensuales, trimestrales y anuales que les exige la citada ley.

De acuerdo con los antecedentes que dio el Ministerio Público, se encontraron 53 observaciones en la cuenta pública que surgieron de auditorías realizadas al municipio por la ASE y la revisión de documentos que se entregaron posterior a la fecha establecida.

Entre las observaciones destacan sobreprecios en obras y servicios, entrega de cheques a funcionarios municipales que debieron salir a nombre de beneficiarios de becas, gastos de casi 10 mil pesos en fotocopias, además de que no se demostró que gastos en refacciones y gasolina se hayan aplicado.

Las acusaciones no alcanzaron a la síndico municipal debido a que el exalcalde solicitó al cabildo que los movimientos financieros solo fueran autorizados por el extesorero y el presidente municipal.

De acuerdo con el Ministerio Público, el daño que se hizo al erario público fue por 133 millones 345 mil pesos.

Sin embargo, el juez mencionó que la acusación de abuso no estaba fundamentada debido a que no se ejecutó una acción que constituyera ese delito, aunque sí reconoció una omisión y detalló que el ministerio público podría reetiquetar algunos delitos.

Se fijaron 6 meses de plazo para una nueva audiencia, donde las dos partes involucradas presentaran las pruebas necesarias a su favor.