Por: Luis Medina Lizalde
¿Y en México cuándo? Es la pregunta que nos formulamos cuando conocemos hechos como la destitución del presidente de España por el mayúsculo caso de corrupción de empresarios y políticos de su partido, o cuando los guatemaltecos y los peruanos mandan a prisión a su presidente. No existe país alguno, ni institución siquiera, dónde no brote la corrupción, El Vaticano ha vivido escándalos como la quiebra del Banco Ambrosiano salpicado de homicidios y suicidios que, no obstante, no reformaron el manejo de las finanzas al grado que el papa Francisco tuvo que impulsar drásticos cambios para frenar el lavado de dinero. Sin embargo, mientras que algunas instituciones o países padecen su corrupción como su principal agobio otras le ponen límites y la experimentan como la excepción a la regla. La diferencia no está en la raza, nivel económico, o religión de los individuos sino en el sistema político que sustenta la vida colectiva.
EVIDENCIAS DE LA ATROFIA
Circula en estos días un par de vídeos donde el presidente municipal con licencia y candidato a la reelección por Mezquital Del Oro, conviene con un constructor el “moche” correspondiente por un 30 por ciento del monto de lo presupuestado. El señor Humberto Salas Castro, que se alterna la presidencia con un hijo, no resiente ninguna respuesta institucional: los dirigentes de la alianza PAN-PRD-MC por la que compite, declaran como lo puede hacer un transeúnte interrogado al paso por algún reportero, demandando la investigación correspondiente, en vez de asumir la decisión de remplazarlo o reivindicarlo a partir de su propia valoración, tampoco se conoce reacción de autoridad alguna, su reelección es probable. Así funciona el sistema.
Durante el sexenio anterior circuló en redes una penosa conversación de diputados sobre los cien mil pesos por voto que a cada quien le correspondía por aprobar una cuenta pública del Ejecutivo. Se desataron las declaraciones de rutina, los comentarios acostumbrados y ninguno de los diputados identificados en esa charla ni de los funcionarios corruptores padeció algún castigo partidista o compareció ante tribunales como sería lo indicado. Así funciona el sistema.
Los diputados federales reciben año tras año, una millonaria cantidad para invertir en una obra pública, misma que convienen con algún presidente municipal cuanto le toca a cada quien y entonces buscan al constructor que acepte inflar los costos para que el salvaguarde su ganancia y las `pérdidas son para los gobernados que tienen que conformarse con obras carísimas y mal hechas. Cuando alguien advierte que eso no corresponde a la función constitucional de un legislador se dispara el discurso de” la gestión que sirve a la gente” detrás del cual se parapetan las corruptelas. Así funciona el sistema.
El Congreso Local pone en manos de cada diputado algo más que dos millones de pesos anuales suministrados en parcialidades mensuales destinados a “ayudas sociales” que han originado indignación ciudadana cuando se conoce que el poder legislativo tiene dramáticas carencias en equipo, que la entrega efectiva de esas “ayudas” depende de la ética personal de cada diputado sin posibilidades reales de comprobación efectiva.
Haciendo gala de ignorancia elemental acerca de la función que les corresponde desempeñar en caso de ser electos, varios candidatos a diputados declaran, ostentan su ignorancia o su codicia cuando dicen que las “herramientas legislativas” deben canalizarse a becas, o a “resolver las necesidades de la gente” y que sigan "las herramientas legislativas siempre que se transparenten”, sin reparar en el hecho de que tales “herramientas legislativas” no permiten contratar una asesoría especializada para una iniciativa de ley, pero sí permiten adquirir bultos de cemento para repartir. Así funciona el sistema.
¿ QUE SERÁ PEOR?
Una evidencia de que el sistema es corrupto y corruptor acaba de salir a la luz con la remoción de la servidora pública que detectó “la estafa maestra” hasta ahora impune, por cierto. Sucede que Muna Dora Buchahin directora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, nuestra reacción inicial fue de reprobación al suponer que estamos ante un ajuste de cuentas procedente de los poderosos afectados ¿pero qué cree?
Al responder a la inconformidad pública de la afectada, el ejecutor de la remoción Gerardo Lozano Dubernard, Auditor especial de cumplimiento financiero del mismo órgano, dijo que la razón obedece a “conflicto de interés” debido a la contratación de dos empresas de la que ella es socia para servicios de capacitación especializada, son dos versiones pendientes de verificación y sea cual sea la verdadera ambas son signo de podredumbre.
Así funciona el sistema
Las elecciones de este año son la oportunidad para cambiar las piezas del sistema que nos mantienen en la impunidad.
Nos encontramos el jueves en El Recreo
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