Por Luis Medina Lizalde
Los que demandan certidumbre no conocen que los cambios de régimen, pacíficos o violentos, no ofrecen certidumbre, sino sustitución de certezas.
Un cambio saludable en la política mexicana es que los que renuncian ya no se escudan en “motivos de salud” o en “motivos personales” como los del pasado autoritario, Germán Martínez renunció al IMSS como Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, dejando constancia pública de sus desacuerdos, sin temor alguno a represalias de un “Presidente autoritario” como lo califican con ligereza adolorida los opinantes identificados con el mundo que se les deshace.
La ejecución de la orden de aprehensión contra Juan Collado, el abogado más relevante de la “mafia del poder”, ratifica el extraordinario cambio de rumbo de la justicia mexicana, hasta hace poco ensañada con los que delinquieron desde su condición de simples mortales, eso habla de un México distinto al anterior, en el que la impunidad de los poderosos era la regla.
¿En qué consiste lo benéfico de aplicar la ley a los poderosos hasta hace poco impunes? En que por fin accederemos al estado de derecho, a la confianza en la legalidad, al respeto por nuestras autoridades, ingredientes todos de la vida auténticamente civilizada y armónica, ese es el significado más prometedor de las carpetas de investigación contra un poderosos empresario del clan salinista como Julio Ancira, contra Emilio Lozoya, hijo de prominente miembro del poder cuando Salinas De Gortarí y Juan Collado, el más prominente de los abogados de la mafia que tuvo el poder más de tres décadas.
NO ESTÁN MANCOS Y ANDAN BRAVOS
Son muy poderosos aun los que están contra el cambio profundo en curso: los que hicieron negocios al margen de la ley valiéndose de la corrupción del régimen, los que se ahorraron cientos de miles de millones de pesos en impuestos gracias a las inmorales condonaciones, los que falsificaron facturas por montos millonarios, los medios de comunicación que cierran filas con los corruptos motivados por el resentimiento de que se canceló los abusos en los contratos publicitarios, los gobernadores y presidentes municipales a los que el cambio de régimen los saca de su zona de confort. Los jueces, magistrados y ministros que han prostituido la justicia, los órganos constitucionalmente autónomos que accedieron al cargo motivados por los altos sueldos, los partidos con déficit de pensantes y exceso de ambiciosos vulgares, los cuerpos policíacos carcomidos y desde luego, el empoderado crimen organizado.
López Obrador tiene que cuidarse hasta de los suyos que no lo secundan más que de boca para afuera en la lucha contra la corrupción.
Muchos de los que disponen de capacidad de ofrecer empleos y posiciones para trabajar en la “Cuarta Transformación” buscan aliados entre los enemigos de la misma ofreciéndoles empleo y posiciones, entre los servidores de la nación y en la nueva burocracia sobresalen los que dejaron constancia pública de su odio a López Obrador. No han cambiado de criterio, cambiaron sus circunstancias. Sus inescrupulosos reclutadores les cobrarán con subordinación a intereses personales la oportunidad recibida.
No esperemos certidumbre; las situaciones otorgan o cancelan vigencia a los políticos y a las formas de hacer política, la dinámica del sexenio López Obradorista se perfila como la más intensa en tiempos de paz de la historia, aún más que la Cardenista, así las cosas, las renuncias y remociones en el gabinete serán frecuentes, Urzúa fue el indicado para iniciar la nueva ruta porque su dogmatismo tecnocrático lo convierte en el hombre de las tijeras ideal para el comienzo, pero no para la fase siguiente en la que se trata de decidir con sentido social el monto de los recaudado y ahorrado.
Es hora de que la ciudadanía reclame un poder judicial distinto al que ha sido funcional al sistema sostenido en privilegios y corrupción, si a un poder es imputable la ausencia crónica de estado de derecho es al Judicial, ya es hora que rindan cuentas y funcionen bajo el escrutinio ciudadano.
¿DIPUTADOS EN PRISIÓN?
En Baja California la legislatura local con mayoría panista, al ampliar a cinco años el periodo del gobernador elegido para dos, brinda la ocasión para dar ejemplar escarmiento a la corrupción diputadil.
No es suficiente con el veto del gobernador o con la reversión judicial del desatino, ni siquiera con la expulsión de sus respectivos partidos de los diputados, que hablen los tribunales y se abran las rejas de la prisión compradores y vendedores de votos legislativos.
Abajo el fuero para todos, bienvenida la incertidumbre como fase inevitable de la transformación, llegó la hora de sustituir viejas certezas hijas de la ley del más fuerte, por nuevas certezas hijas de la legalidad.
Nos encontramos el lunes en el Recreo
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