Por: Luis Medina Lizalde 

La inesperada ruptura entre Peña Nieto y Luis Videgaray con Ricardo Anaya es, según el columnista Salvador Soto, autor de “Serpientes y Escaleras” el efecto de una ruptura previa: la de Carlos Salinas De Gortari con Enrique Peña Nieto; el error de Anaya consistió en buscar al ex Presidente a partir de lo cual se vinieron cascada inducciones hostiles al candidato frentista inicialmente considerado el “Plan B” tan idóneo como el “Plan A”.

Secuela de tal divorcio es la embestida de la PGR en contra de Anaya a partir de operaciones financieras que el candidato azul no ha podido explicar satisfactoriamente, circunstancia que ha suscitado el debate en torno al “uso faccioso de las instituciones” en una reedición impensada de la postura de Andrés Manuel López Obrador que para enfatizar el mismo fenómeno pronunció aquello de “al diablo sus instituciones” que el periodismo canalla tan omnipresente en la vida pública mexicana convirtió en “al diablo las instituciones”, que nunca será lo mismo.

La obvia mala leche de la PGR al difundir un video donde Fernández de Cevallos se expresa injuriosamente potenció el intenso debate público sobre la utilización facciosa de la PGR que inspiró a 56 notables a publicar una muy sensata y compartible postura diciendo en síntesis que si tienen fundamento para proceder contra Anaya lo hagan y que si no es el caso “paren su carro”.

El riesgo de empobrecer el debate al tratar el episodio como si fuera caso excepcional nos expone a no aprovechar la oportunidad para mejorar sustancialmente la vida pública atendiendo de raíz lo que hace posible la utilización facciosa de las instituciones, para eso es indispensable comprender a cabalidad lo siguiente:

REGLA, NO EXCEPCIÓN

– La PGR no es la única institución utilizada en contra de opositores electorales, también los son los órganos electorales

– Anaya no es el primer político contra el que se usan facciosamente las instituciones, además de muchos candidatos a diversos puestos de elección popular federales y locales, la historia registra los casos de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y Andrés Manuel López Obrador en 2006.

– La utilización facciosa de las instituciones operó con nitidez en la represión y en los procesos contra líderes estudiantiles del 68, pero también contra “estorbos” del propio sistema como Joaquín Hernández, Jonguitud Barrios, Elba Ester Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia.

– La utilización facciosa de las instituciones con frecuencia tiene como principales beneficiarios a poderosos particulares, como cuando el gobierno pone policías a cuidar elecciones sindicales o recuentos amañados o usa recursos públicos para subsidiar ganancias privadas

 -La utilización facciosa de los instituciones incluye a los tres niveles de gobierno y los tres poderes, y sus beneficiarios van desde los caciques municipales hasta poderosas trasnacionales.

– Utilizan facciosamente las instituciones los parientes cobra diezmos y “las primeas damas” que contratan, corren personal y consumen recursos públicos olvidando su condición honoraria. 

– La subordinación fáctica de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo normaliza la utilización facciosa de las instituciones

– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sus auditorías con dedicatoria y el uso de recursos fiscales para premiar y castigar a los propios y a los opositores “jaladores” es el vivo ejemplo de la utilización facciosa de las instituciones.

Si todo lo reducimos a Anaya y la PGR, es como si incurriéramos en el error de confundir una gastritis con el cáncer para descubrir la verdad demasiado tarde.

El debate puede conducirnos a la cabal comprensión colectiva de que es justamente la utilización facciosa de las instituciones la que nos tiene en el descrédito mundial por casos como el de los tres italianos secuestrados por policías jaliscienses y entregados a un cartel a cambio de mil pesos.

SÓLO ENTRE TODOS PODREMOS

No son nuestras instituciones, son “sus instituciones”; nos las arrebataron primero con plata, luego con plata y plomo y vamos en camino de que sea con puro plomo.

Antes, los regenteadores de presidentes municipales eran influyentes de la región con nombre y apellido, ahora son fantasmales jefes de asesinos semi anónimos; empezaron sometiendo a los débiles y ahora hasta los grandes consorcios mineros les pagan cuota para que los dejen trabajar.

Lograr que “sus instituciones” pasen a ser nuestras instituciones implica reconocer que sólo con Estado de derecho es esto posible, aplicación de la ley sin privilegios, el que la haga que la pague.

La tarea es colectiva y sin exclusiones ideológicas y partidistas, por tal razón el sexenio próximo debe de ser rico en contactos entre los que han militado en diversas opciones pero tienen la misma urgencia por encontrar la puerta de salida del infierno.

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