Por: Luis Medina Lizalde

Los 58 municipios de Zacatecas están en crisis general y profunda, el dinero que reciben lo consume la nómina y el gasto corriente, la discordia política es cosa de cada trienio, cuando no andan de la greña los regidores con el Presidente, el conflicto es con la sindicatura o el contralor, es hora de explorar en el derecho comparado para formular cambios que le den a los habitantes gobiernos funcionales.

El proceso iniciado en los años 90 quiso impulsar la democracia y hacer del Cabildo la máxima autoridad y falló: Hasta ese tiempo el nombramiento de regidor supuso una distinción cívica, el aliciente era honor, no ingresos que en los más importantes  ayuntamientos rebasa lo que percibe un especialista del sector salud o un académico universitario, los regidores que no recibieron  ingresos  gozaron del  respeto ciudadano que no alcanzan los actuales.

El impulso a la rendición de cuentas  buscado  con  contralor en cada ayuntamiento propuesto por la primera minoría partidista y aprobado por el Cabildo no cumplió las expectativas.

Su  designación es obra de  componenda entre el Presidente municipal y alguno de los tres propuestos, dicha componenda instaura complicidades  la mayoría de las veces y el contralor termina fungiendo como simple  legitimador.

El cobro de “mordidas” a los ambulantes y expendios de alcohol eran las modalidades de corrupción más destacables, pronto éstas palidecieron con el auge constructor y las ferias.

Cuando la competencia electoral deja de ser  mero trámite, las victorias de partidos distintos al PRI en los Municipio empezó en 1986 en el Municipio de Cuauhtémoc y es la fecha que 56 de los 58 municipios del estado ya probaron como gobiernan los otros partidos, Pinos y Tepetongo siguen fieles al espíritu conformista  de que “más vale malo por conocido que bueno por conocer”.

                                              INFIERNITOS CÍCLICOS

Recientemente el Ayuntamiento de Zacatecas vivió un conflicto muy revelador del estado de cosas, se está en espera de varias decenas de laudos a favor de trabajadores que demandaron al ayuntamiento en períodos anteriores, en la valoración del Presidente municipal le cabe responsabilidad al director jurídico del ayuntamiento quien había sido abogado de algunos de los demandantes antes de ser nombrado en el cargo,  lo que originó su inmediata destitución y la posterior separación del Secretario del Ayuntamiento, el episodio refleja una problemática  no  exclusiva del municipio capitalino.

 La insolvencia de las finanzas municipales es espeluznante en prácticamente todos los municipios.

Los litigios culminan en derrotas originadas en el desaseo de los despidos  sumada  a la negligencia en la defensa jurídica institucional que aqueja a la inmensa mayoría de las instituciones públicas,   la anomalía se repite y se repite en  distintas administraciones municipales, la cuenta sigue creciendo.

La división del cabildo mostró  distanciamiento entre el Presidente municipal con  la marca Monreal, impulsora inicial de su acceso al ayuntamiento como en el caso de Guadalupe, Fresnillo y otros.

La situación tomó rumbo favorable al Presidente Municipal al conseguir  cómoda mayoría calificada   como aval de los cambios que decidió  sin que tuviera una crisis, pero  no  dejamos  de advertir  la naturalidad con la que integrantes de órganos institucionales colegiados o unipersonales admiten subordinación pública respecto a actores políticos ajenos a la institución.

Esa conducta al normalizarse en los núcleos políticos, ha venido distorsionando el funcionamiento de  las instituciones, siendo factor del grave rezago de la vida pública local y caldo de cultivo de la enorme corrupción que nos agobia.

Cierto, tener coincidencias y lealtades es natural en la política, es legítimo derecho de todo activo de la política, pero eso no significa permitir subordinar las funciones institucionales al criterio de un ente ajeno, cada vez que se le impone coordinador a un grupo legislativo desde afuera sin sustento legal como en el PAN, donde así lo marcan sus estatutos, estamos ante una disfuncionalidad caciquil, lo mismo sucede cuando gobernadores y presidente municipales hacen ostensible una especie de fierro de herrar en la política  de un ente externo, estamos ante la traición a la ciudadanía.

 La afinidad es programática, sustentada en principios y ejercida con dignidad, los pueblos que disponen de políticos  que así lo entienden son pueblos  guiados por líderes, no controlados por caciques.

                      PENSAR EL CAMBIO

Zacatecas necesita una revisión de la legalidad municipal, es hora se asomarnos a otros estados en los cuales el ciudadano vota por cada regidor y no en paquete, en dónde han ampliado el tiempo de duración de un gobierno municipal en vez de la reelección, en dónde cada regidor corresponde a una demarcación territorial.

Otros estados lo hicieron con buenos resultados.   

Seguir de infiernito en infiernito nos acerca cada vez más al incendio

 Es hora de repensar Zacatecas sin prejuicio. 

Nos encontramos en El Recreo

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