Por Luis Medina Lizalde
La coincidencia en el tiempo de la salvaje represión de la fuerza pública contra los estudiantes que en Guadalajara se manifestaban contra el aumento de la tarifa del transporte público con la discusión de la legislatura de Tabasco de una ley que impone penas de 6 a 13 años de prisión a quienes extorsionen mediante bloqueos a obras públicas o privadas pone en evidencia la doble moral de los críticos mediáticos, pues las figuras públicas opositoras usuarias de las redes junto con los medios de comunicación tradicionales silencian el sangriento acto represivo de Guadalajara y enderezan feroz campaña contra lo que mentirosamente llaman “la ley garrote”, sacando de contexto la acción legislativa para hacerla aparecer como un atentado contra la libertad de manifestación.
Es notoria la forma como aumenta el ruido mediático cada vez que cae un pez gordo en prisión en aplicación de la estrategia conocida como la “Caja China”, consistente en crear noticias falsas que atrapen la atención pública para minimizar o hacer que pasen desapercibidos hechos “inconvenientes”.
La detención de militares de alta graduación, la captura en el extranjero de Julio Ancira y de la señora madre de Emilio Lozoya, la prisión preventiva del abogado más prominente del salinismo, Juan Collado y la citación Judicial a Rosario Robles no ha alterado la percepción de que “no se mete a nadie en la cárcel” cuando es evidente que nunca como ahora los poderosos están siendo tratados bajo el principio de la” Igualdad ante la ley” como nunca antes, la minimización de la lucha contra la corrupción busca privarla de apoyo popular para evitar que la corrupta élite político-empresarial pague las consecuencias de sus actos.
DOBLE MORAL OPOSITORA
En Guadalajara un gobernador del bloque opositor a AMLO reprime y en Tabasco una legislatura con mayoría de Morena impulsa una ley que busca terminar con el agobio padecido por el sector empresarial cuando es víctima de grupos organizados que les obligan a aceptar tratos leoninos, el bloque que ahora pone el grito en el cielo siempre pide mano dura contra esas presiones pero como ahora se trata de afectar a AMLO como sea, no tienen empacho en falsificar la realidad para acusar a la #Cuarta Transformación de suprimir libertades, pero mienten como enseguida argumento:
Ninguna legislatura puede por sí sola aprobar una ley contraria a derechos consagrados en la Constitución General de la República y si lo hace se encontrará con tres recursos imbatibles; El amparo contra leyes, la Acción de constitucionalidad y la Controversia Constitucional.
Todo Derecho Humano, garantía individual o libertad constitucional tiene límites fijados para proteger el interés general y el interés particular, sirva el ejemplo de la Libertad de reunión que tenemos los mexicanos que no permite celebración de reuniones armadas.
Quien se tome el trabajo de leer los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Magna sabrá que la libertad de prensa y de expresión tienen fronteras que de violarse son motivos de sanción legal, es bien sabido que mi derecho termina en dónde empieza tu derecho y que la protección de los derechos de terceros es obligación de estado.
Aclarado lo anterior, la “Ley Garrote busca frenar una práctica que en Zacatecas y otros estados es frecuente, hable usted con constructores que le podrán relatar como cuando construyen caminos, carreteras y edificios que implican masivo acarreo de tierra, arena, loza u asfalto y cuentan con los camiones y góndolas para esas operaciones, no pueden utilizar su propio equipo porque su obra es rodeada por transportistas exigiendo que se les asigne a ellos los contratos y al precio que ellos imponen. Los asediados constructores recurren a la autoridad para que haga respetar la ley y cuando menos en Zacatecas, según la experiencia de un empresario que me narra estas peripecias, el gobierno del estado les responde “lo siento, no puedo intervenir” y el Presidente Municipal en caso de intervenir lo hace a favor de los que bloquean la obra, lo que termina por obligar a ceder al que obtuvo un contrato en base a cálculos precisos de costos que repentinamente se disparan
SEAN SERIOS
La legislatura tabasqueña incrementa penas para un delito que ya existe, no creo en el incremento de penas, eso es populismo punitivo.
Con delitos y penas existentes es suficiente si se cumplen, lo que exige que el gobernante no sea comodino y ejerza su autoridad ajustado a la ley.
El gobierno de AMLO no tiene vocación represiva, el respeto a los derechos humanos ha sido tan elocuente que hemos visto la encomiable autocontención de los soldados al abstenerse de disparar contra civiles que insultan y apedrean
¿Criminalización de la protesta social? Vulgar patraña
Nos encontramos el lunes en Recreo
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