Por: Luis Medina Lizalde
Miembros del Ejército, la Marina y policías federales han cometido crímenes atroces en Zacatecas desde que hacen la tarea en la que los gobiernos civiles locales y federal han fallado.
En esta columna desmentí en su momento la versión oficial respecto al cruento enfrentamiento en que perdieron la vida pacíficos habitantes de Villa De Coss y di a conocer como le colocaron armas de fuego a la pareja de adolescentes acribillados por error.
Alguna Vez consigné mi indignación por el infame trato que dieron a los hermanos del Presidente Municipal de Sombrerete Juan Ángel Castañeda Lizardo, llevados encadenados al sepelio del Edil fallecido en trágico accidente. Los hermanos Castañeda Lizardo fueron víctimas de fabricación de delitos usando a sus ancianos padres de rehenes para obligarlos a echarse culpas.
En esta columna consigné la operación mediante la cual numeroso grupo de uniformados de la Policía Federal Preventiva se llevó de sus labores en el campo a un grupo de jóvenes en estancia de Ánimas, de Villa González Ortega, varios de los cuales siguen desaparecidos.
En esos y en otros episodios, los gobernantes zacatecanos no se atrevieron a desafiar el autoritarismo centralista y guardaron silencio, dejando a los habitantes zacatecanos doblemente indefensos, el centralismo históricamente se apalancó en la capacidad de castigar a los gobernantes mediante el presupuesto y en caso de necesidad, operando la caída de gobernadores no gratos (más de 87 durante el reinado del partido prácticamente único).
Con el tiempo, se instaló en la mente de los gobernantes una actitud de renuncia a las atribuciones y deberes cuando su cumplimiento implica desagradar al Gobierno Federal, sobre todo cuando del ejército se trata, la regla de la sumisión registra una honrosa excepción, la del Gobernador de Michoacán Cuauhtémoc Cárdenas ante el abuso criminal de la PGR cuando buscaban a Enrique Camarena de la DEA.
DURMIENDO CON EL ENEMIGO
Me entero por las páginas de Imagen que el que fuera Comandante del 97 Batallón con sede en Fresnillo recibe sentencia aún apelable de 60 años de cárcel acusado de secuestrar, torturar y ejecutar a jóvenes al estilo del más brutal crimen organizado ¿por eso la severidad de la sentencia?
Ocurrió en Calera a finales del sexenio anterior; el Coronel Martín Recendes Pérez y varios subordinados irrumpieron violentamente en un inmueble, se llevaron a seis jóvenes y a una jovencita cuyos cadáveres pronto aparecieron horriblemente torturados y 3 de ellos decapitados.
Mientras el Gobierno del Estado criminalizaba a las víctimas mediante los infames boletines elaborados para auto protegerse de la opinión pública, trasciende la detención del Coronel y otros presuntos implicados en el horrible crimen. Si los mandos del ejército hubieran querido hacerse de la vista gorda no tendrían dificultad, por la mente de nadie pasaba que los criminales fueran militares.
Ese hecho demuestra la defensa de la institución cuando algún miembro traiciona, antes lo había hecho en el caso de Villa De Coss cuando sometió a proceso a los soldados involucrados y ofreció indemnización a las familias de las víctimas, no así en Tlatlaya.
El caso hace patente la necesidad de que los gobernadores y presidentes municipales cumplan con la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus respectivos gobernados vigilando que las fuerzas armadas y policías federales que operan en Zacatecas no rebasen los límites que la ley establece, que asimilen con humildad la lección que en este caso brinda la institución castrense.
Al interior de las fuerzas armadas y los cuerpos policíacos luchan los que cumplen con su deber de defender la legalidad y quienes dicen hacer lo mismo siendo los primeros en violarla, es el efecto lógico de la infiltración de la delincuencia, las ejecuciones extra judiciales como las de Calera frecuentemente son ordenadas por un Cartel contra otro, quienes por su frágil cultura de la legalidad ensalzan esos hechos convencidos de que “se lo merecían” no tienen más información que versiones oficiales y rumores sembrados para encubrir.
CIVILIDAD, NO ARBITRARIEDAD
Los principios de Presunción de inocencia y Debido proceso tienen la función de proteger a la sociedad del riesgo de equivocaciones trágicas y no de proteger delincuentes.
El ciclo de cambios profundos en que estamos inmersos será consistente si todos cumplimos reglas y admitimos los límites que la ley fija, que un gobernante no ceda facultades ni invada la de otros, que nadie se tome la ley en sus propias manos.
Yucatán entendió a tiempo que su seguridad era asunto de los propios yucatecos y que el apoyo federal es eso: Apoyo, por eso han permanecido como el estado menos inseguro.
Ojalá que en lo sucesivo, nuestros gobernantes entiendan los significados del Pacto Federal y Estado de Derecho.
Nos encontramos en El Recreo
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