El acceso a la justicia como un derecho tardío en México

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Por: Ernesto Moreno Medellín

Si algo es costumbre en el mes de octubre para la sociedad mexicana, es la triste conmemoración de lo sucedido el 02 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, todos conocemos la ya famosa frase “Dos de octubre no se olvida”. Como cada año, miles de estudiantes salieron a las calles para recordar tan lamentables hechos en los que se presume estuvieron involucradas las autoridades mexicanas.

En 2018 se cumplieron 50 años de lo sucedido, y si, a 50 años de lo sucedido la sociedad mexicana sigue reclamando justicia, ya que a pesar del tiempo transcurrido siguen sin ser esclarecidos los hechos. En este sentido, resulta ocioso hacer una repetición de lo que sin lugar a dudas seguirá siendo imperdonable, lo que el contexto actual exige, es poner sobre la mesa el asunto que sigue pendiente de consolidarse en el sistema mexicano, un efectivo acceso a la justicia.

Con la conmemoración de los 50 años de la matanza del 02 de octubre, el reclamo sigue siendo el mismo, que se esclarezcan los hechos y que se castigue a los responsables. Sin embargo, el contexto a cinco décadas de lo sucedido es completamente diferente, en aquel entonces se encontraba en el poder un partido hegemónico que dominaba todos los niveles de la política mexicana, también la posición de los medios de comunicación fue determinante, debido a la fuerte censura que se vivía en aquel entonces.

Actualmente, se puede presumir que las condiciones han cambiado, hemos sido testigos de transiciones políticas que se vienen dando desde el año 2000, siendo en el año 2018, que se da quizás la transición política más importante para el sistema democrático mexicano. Así también, la televisión dejó de ser el medio de comunicación por excelencia y los medios digitales han invadido un gran porcentaje de este rubro, impactando aún más que los medios tradicionales en la opinión pública. Además de esto, como resultado de la globalización, el estado mexicano se ha visto obligado a poner en marcha acciones tendientes a una efectiva protección y defensa de derechos humanos, que si bien, es demasiado cuestionable su actuar, dan señales del avance y evolución que tienen como finalidad garantizar la transición a un efectivo derecho de acceso a la justicia.

A pesar de tantos avances y de los cambios tan trascendentales que se han dado, no sólo en cuestiones de procuración y administración de justicia, sino en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, pareciera que la perspectiva de la ciudadanía es la que no ha cambiado con respecto al efectivo cumplimiento de la justicia como un derecho. Dicha perspectiva, está más que justificada, ya que, lo sucedido el 02 de octubre de 1968, es sólo uno de los innumerables capítulos tan lamentables que tristemente forman parte de la historia de México. Antes y después de 1968, hay sucesos que México no olvida y que no perdona, el último de ellos sucedido hace apenas 4 años, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, del municipio de Guerrero en el mes de febrero de 2014.

Podemos hacer un recuento histórico desde antes de 1968 hasta llegar a 2018 y serán innumerables los casos de violación a derechos humanos con los que desafortunadamente nos vamos a encontrar en nuestro país. Reformas legales van y vienen, la institucionalización pública se ha hecho cada vez más extensa y compleja y el estado mexicano sigue buscando la fórmula correcta para garantizar la efectiva protección y defensa de los derechos humanos. Hasta que esa obligación estatal sea una completa realidad, será hasta entonces que las marchas, los reclamos, las protestas, dejarán de ser una informal conmemoración.