Zacatecas. Zac-. El diputado morenista Ernesto González Romo denunció que, en la anterior Legislatura del estado, al menos 25 de 30 diputados usaron empresas fachadas para triangulación de recurso, por lo que están en grave riesgo de terminar en la cárcel por delitos fiscales y delincuencia organizada.

El modus operandi consistía en contratar empresas factureras para hacer análisis y estudios legislativos que se cobraban por montos diversos que iban desde 30 mil hasta 433 mil pesos, mismos que se pagaban del erario.

Posteriormente, la empresa devolvía 90% del monto al propio legislador que había gestionado su pago, y la empresa se quedaba con una comisión de 10%.

De acuerdo al diputado González Romo en este esquema se podrían configurar delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada, simulación de operaciones, y triangulación de recursos, lo que podría llevar a varios exdiputados a la cárcel.

Detalló que ya dio parte de los hechos a la Auditoría Superior del Estado y dijo que buscará la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República.

Por esta razón, y para no entorpecer el proceso legal, se negó a brindar nombres de los involucrados, sin embargo facilitó a la prensa un compilado de órdenes de pago y facturas que documentan la participación de legisladores de todos los partidos, entre ellos, Gabriela Pinedo Morales actual secretaria de Gobierno; Jesús Padilla excoordinador de Morena en la anterior legislatura y actual secretario del Campo; la líder del Partido Verde en Zacatecas, Susana Rodríguez Márquez, actual secretaria de Agua y Medio Ambiente: Omar Carrera Pérez,  Mónica Borrego Estrada, la actual diputada federal priista Carolina Dávila, los legisladores reelecto: Karla Valdez, Guadalupe Correa, entre otros.

Las empresas contratadas tendrían domicilios fiscales que no coinciden con sus actividades, por ejemplo, al verificar el de K&VN consultores, una de las involucradas, el diputado se percató que ahí se encuentra un restaurante (en Oaxaca), y que el representante legal de la empresa habría estado preso por fraude específico.

Otro ejemplo es la empresa Boccacio, que facturó cinco millones de pesos al Congreso del Estado por asesoría a nueve diputados, en cuyo domicilio fiscal está una “tiendita” de abarrotes.

El diputado Ernesto González Romo explicó que recibió presiones para cancelar la conferencia de prensa donde hizo esta denuncia, la cual ha llamado como “estafa legislativa” o “legislatura papers”, y en la cual calcula daños al erario por 200 millones de pesos.

El Congreso del Estado de Zacatecas permanece sin órgano interno de control a pesar de que el mandato de ley para nombrarlo terminó en marzo de 2019.