Por: Lucía Medina
De los 26 mil millones de pesos que tuvo como presupuesto Zacatecas en 2015, prácticamente la totalidad se aplicó con rectitud, a juicio de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza que este martes avalaron un dictamen en el que se señala que del total de recursos ejercidos ese año, sólo 221 millones de pesos tuvieron una dudosa aplicación.
Este ocurrió luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) -órgano encargado de verificar que el dinero haya sido usado en lo que se dijo y de manera correcta- hiciera una exhaustiva revisión y determinara que en el último año de Miguel Alonso Reyes como gobernador de Zacatecas, sólo el 0.5% de los recursos ejercidos presentan irregularidades en su aplicación.
Previo a que se aprobara la cuenta pública en la que se hacen estos señalamientos, los diputados de oposición solicitaron al bloque oficialista que regresaran el dictamen a la ASE para que se hiciera una revisión mucho más precisa y –dijeron- con ello ayudaran a esclarecer la difícil situación en que Alonso Reyes dejó al estado y que el gobernador Alejandro Tello está padeciendo.
Al respecto, la diputada Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, dijo que es penoso que se esté utilizando al órgano técnico del Poder Legislativo -la ASE- “para limpiar la suciedad dejada por Miguel Alonso” y pidió a los diputados presentes que no siguieran cerrando los ojos y negándose a ver la realidad de Zacatecas.
Por otro lado, el diputado de Morena, Luis Medina Lizalde, calificó como ridículo el monto observado, pues dijo que esto revela una actitud complaciente por parte de la Auditoría y de los propios diputados que no reprobaron su propuesta.
Explicó que, debido a la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos en Zacatecas, el Gobierno Federal “maltrata” al estado con los presupuestos limitados que le asigna.
También lamentó que en el año 2015 hubo denuncias que se dieron a conocer en medios de comunicación por presuntos desvíos de recursos que no merecieron la atención de la ASE para ser investigados con mayor rigor.
Algunas de las dependencias en que la aplicación de ciertos montos recursos no se pudieron comprobar fueron la Secretaría de Economía con casi 22 millones de pesos observados, en aquel entonces a cargo del hoy secretario del Campo Adolfo Bonilla, y la Secretaría de Infraestructura con 20 millones de pesos que estaba y sigue a cargo de Francisco Ibargüengoitia.
Dentro de las irregularidades que se cometieron y que no dejan clara la correcta aplicación de esos millones está que supuestamente se ejercieron recursos en obras que nunca se llevaron a cabo, y recursos sin comprobante fiscal.
Es de destacar que las observaciones realizadas no obligan a los funcionarios implicados a pagar los montos de recursos que no se pudieron comprobar, ya que aún tendrán oportunidad de pensar en cómo demostrar que no hubo tales irregularidades.
