Por: Heraclio Castillo Velázquez
Había pensado tomarme un descanso por el puente “revolucionario”, pero ya me empezaron a reclamar mis tres lectores y qué le vamos a hacer. Cierto es que hay varios temas a comentar (hubo mucha tela de dónde cortar la semana que recién terminó y la que apenas comienza), pero retomaré un caso que encontré hace unas semanas mientras buscaba una información relativa al campo zacatecano.
Rara vez se hace eco de lo que acontece en el sector primario de la economía y, en el caso de Zacatecas, vaya que hay mucho qué comentar. Quiero pensar que mis tres lectores de repente han visto manifestaciones de diferentes organizaciones en las oficinas de dependencias vinculadas con este sector, llámese Sagarpa, Secampo, Aserca, etcétera, la mayoría para exigir la ministración de recursos de los diferentes programas federales y estatales para los productores y denunciar ciertas “malas prácticas” donde, acusan, se beneficia solo a unos cuantos. Ahora verá por qué tienen razón.
No es nuevo el llamado de autoridades del campo para que los productores se organicen en cooperativas o asociaciones con la finalidad de facilitar la gestión de recursos para apoyar proyectos productivos, equipamiento, maquinaria, diésel, semillas, entre otros estímulos. Yo mismo he sido testigo, en mis tiempos de reportero de a pie, de que este tipo de organización rinde frutos si además va acompañada de la correcta asesoría técnica, normativa y comercial porque en varias regiones ha permitido mejorar las prácticas agrícolas y potencializar la producción en Zacatecas.
Claro que hace falta trabajar en la tecnificación del agro y en darle valor agregado a la producción, así como impulsar la reconversión de cultivos para contribuir a la regeneración del suelo (con un creciente problema de aridez, por cierto, en Zacatecas), aunque las reglas de operación de los programas federales limitan en cierta forma el acceso a estos recursos, lo que no ha impedido beneficiar a unos cuantos, especialmente a quienes tienen los medios par ello.
Uno de estos casos es Roberto Luévano Silva, quien durante varios años fue presidente de la Fundación Produce Zacatecas y ahora ostenta la delegación de la Sagarpa en la entidad. De acuerdo con el padrón de beneficiarios de FIRCO (Fideicomiso de Riesgo Compartido), el actual delegado fue beneficiado con recursos federales del Programa de Fomento a la Agricultura al menos del 2009 al 2015 de forma trimestral e ininterrumpida y en ese periodo llegó a recibir cerca de 2 millones de pesos para un proyecto en Luis Moya.
Hoy sabemos que ese proyecto se trata de Vinícola Luévano Ruiz, recién inaugurado hace apenas unos meses en medio de acusaciones de diferentes productores sobre presunta corrupción en la Sagarpa. Y no es para menos, pues la mencionada empresa prácticamente fue financiada con recursos públicos, gestionados a título propio por Luévano Silva cuando estaba al frente de la Fundación Produce, de la cual no hay registro de gestiones en ninguno de los reportes de FIRCO ni Sagarpa sobre los diferentes programas y listas de beneficiarios.
Y resulta todavía más curioso que unos meses después de inaugurada la Vinícola Luévano Ruiz, el diputado local priísta Le Roy Barragán Ocampo presentara la iniciativa de Ley de Desarrollo Vitivinícola para el Estado de Zacatecas y sus Municipios y la consecuente creación del Consejo Zacatecano para el Desarrollo Vitivinícola con los que se pretende apoyar al sector de productores de vinos de mesa y uva e impulsar su desarrollo con políticas públicas y acciones gubernamentales para que los vitivinícolas locales realicen su producción de una manera tecnificada y sustentable.
Algo así como “aquí nomás mis vinos rifan”, porque precisamente los apoyos recibidos de la Federación por parte de Luévano Silva se destinaron a la tecnificación y al uso de ecotecnologías y prácticas sustentables dentro de sus viñedos en Luis Moya. Me suena más a que se pretende crear un “estándar” (o sea, el “estándar” que establezca Viñedos Luévano Ruiz) para la producción de uva y vinos de mesa y, de esa forma, limitar el crecimiento de los pequeños productores zacatecanos.
Lo que me parece curioso es que esta empresa vitivinícola no tiene registro ante la Secretaría de Economía federal ni en el Padrón Empresarial que tiene la Secretaría de Economía de Zacatecas. Quizá por eso en su declaración patrimonial aparece la leyenda: “El servidor público no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, con nota al margen: “No estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés”. Otros delegados no tuvieron problema…
Saludos a mis tres lectores.
