Por: Lucía Medina Suárez del Real

En medio de la polvareda que deja la lucha cuerpo a cuerpo entre quienes aspiran a un cargo de elección popular para el próximo año, el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República determina cesar de su cargo a uno de los responsables de supervisar que la competencia se lleve a cabo con toda las de la ley.

Santiago Nieto Castillo salió de la titularidad de Fiscalía Especializada en Delitos Electorales  (Fepade) supuestamente por haber revelado información importante con respecto a la investigación del dinero que la empresa Odebrecht presuntamente habría pagado a la campaña de Enrique Peña Nieto, quien, dicho sea de paso, obtuvo la presidencia de la República rebasando once veces el tope de gastos permitido.  

Esta empresa brasileña más tarde recibió contratos del gobierno federal, que hacen suponer que tal como se hizo en otros países, Odebrecht había invertido en un candidato presidencial a cambio de favores que serían pagados con dinero de todos los mexicanos.

El detonante de la salida de Santiago Nieto es una entrevista con el diario Reforma en la que supuestamente el exfiscal acusaba a Emilio Lozoya -eslabón entre Odebrecht y Peña Nieto-, de presionando para ser exonerado, lo cual, a juzgar por el audio de la entrevista, parece falso, o cuando menos inexacto.

Santiago Nieto se desistió ya de todo intento por impedir su despido, pero a la luz de lo ocurrido, no puede pasarse por alto que no queda totalmente claro si la entrevista reflejó el sentido de las palabras de Nieto, si es que el cuerpo del texto lo hizo pero la cabeza no, y si se trató de un error involuntario o de una estrategia que dio la coartada necesaria para deshacerse de una figura incómoda.

¿Cuál es la responsabilidad de Reforma en este sainete?

A nadie le gusta hacer estos cuestionamientos a un sector acostumbrado a ser escopeta y no pato.

En un país como éste donde se cuentan por decenas los periodistas asesinados, y muchos más están amenazados o intimidados, resulta una herejía poner a la mesa la responsabilidad de los medios de comunicación en asuntos como ese. Pero es necesario.

También es necesario discutir, el papel de los medios de comunicación cuando difunden datos de la vida privada sin ninguna relevancia para el interés público, pero que se prestan para sacar a alguien del camino en una elección, para hacer perder credibilidad a un crítico de gobierno, o solamente para humillar la dignidad de un funcionario que no es del contentillo de alguien con el poder suficiente.

La discusión sobre esa responsabilidad tiene que extenderse con urgencia a hablar de los límites en materia de seguridad, como cuando se difunden rostros y nombres de personas privadas de su libertad, pese a la solicitud expresa de mantener datos en reserva, o bien las imágenes de quienes fallecen en situaciones violentas. Ya ni decir de expresiones que revictimizan a quienes han sufrido por la ocurrencia de un delito.

Asimismo, tendría que analizarse la renta de logotipos de algunos medios de comunicación, para cobijar actividades culturales, académicas o políticas que encubren una posición gubernamental que desean difundir a través de un tercero que le preste credibilidad, o bien cuando algún medio o periodista arrebata una bandera ciudadana a quien la enarbolaba para poder introducirla al yugo del poder.

En ese marco, y en un país donde cada tragedia y cada noticia desplaza a la anterior sin considerar su importancia, es preocupante que se aniquilen algunos de los avances más significativos que se han tenido en materia de telecomunicación en los últimos años, entre ellos la obligación de implementar defensorías de las audiencias, y también la de distinguir entre opiniones e información, o bien, entre información y publicidad.

Afortunadamente estamos en una era en la que las audiencias son más críticas, y donde rating, número de seguidores, o ejemplares vendidos no se traduce necesariamente en credibilidad. Pero el que la discusión de estos temas en el Senado de la República se diera con la más triste de las indiferencias de la ciudadanía, es evidencia de que lo que los medios dicen, y también lo que callan, sigue siendo un factor relevante en el tablero de la democracia que esperamos construir.